Decreto Legislativo Nº 1253: Premio a la ineficiencia municipal
Por Juan Manuel Salinas Guerra

El gobierno promulgó el 2 de diciembre el Decreto Legislativo No 1253 que busca fortalecer la inversión en seguridad ciudadana permitiendo que, mediante convenio con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las municipalidades urbanas que lo crean conveniente, recauden parte del arbitrio de serenazgo o seguridad ciudadana, en el recibo de energía eléctrica.

El Ejecutivo malentiende el problema al reducirlo a una cuestión de aumentar, a como dé lugar, los recursos destinados a seguridad ciudadana con las que cuenta una municipalidad, cuando más importante es la calidad del gasto. Una municipalidad que no cuenta con instrumentos normativos adecuados, con serenos debidamente capacitados y con la voluntad política de luchar inteligentemente contra la delincuencia, seguirá derrochando el dinero de los contribuyentes.

Un ejemplo, en los distritos de Paiján y Casa Grande considerados como los más inseguros en la provincia de Ascope y por ende los que más recursos necesitan, en la lógica del ejecutivo, los gobiernos municipales no han cumplido la meta referida a Seguridad Ciudadana del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del primer semestre 2016, lo cual puede significar que, o no necesitan estos recursos o institucionalmente no están preparados para manejarlos.

Precisamente, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establece una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas que buscan impulsar resultados específicos, uno de ellos es mejorar la recaudación y la gestión de los tributos municipales, en otras palabras que las municipalidades sean eficientes en el cobro y uso de los tributos. Si el gobierno se la pone fácil con el cobro del arbitrio de seguridad ciudadana, las municipalidades no desarrollaran las capacidades necesarias para hacer sostenible la gestión de los mismos.

Existe otro arbitrio que merece igual o mayor interés de parte del Ejecutivo y es el de limpieza pública y las municipalidades también se muestran ineficientes en su recaudación y gestión. ¿Se animará el gobierno a facilitarle la vida a las municipalidades buscándole una manera de cobrarlo por ellas sin fortalecer su rol como gobierno local?

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